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Caperucita El triunfo del régimen democrático liberal es quizás el mayor evento político global del último cuarto del siglo XX. Desde la antigua Grecia hasta principios del siglo XXI la democracia como forma de gobierno ha pasado del rechazo a la aceptación y se ha ido alterando. El significado etimológico de la palabra “democracia” hunde sus raíces en el término griego demokratia, el cual es resultado de la combinación de otros tres términos: demos, que significa pueblo, kratos, que significa autoridad y, kratein que significa gobernar. Tomando la raíz etimológica del término la democracia puede ser definida como el gobierno del pueblo. Aunque esta definición resulta hoy día demasiado vaga, deja al descubierto un elemento básico que el sistema democrático necesita para existir: la participación ciudadana.

 

 

 

En el pendant que recorre la representación del fenómeno migratorio en nuestra opinión pública, la opinión de este Norte rico que son los países de la UE como el nuestro, la inmigración pasa casi inadvertidamente de la piedad, a la desconfianza y al miedo (Javier de Lucas, 2002: 23)

CaperucitaEl triunfo del régimen democrático liberal es quizás el mayor evento político global del último cuarto del siglo XX. Desde la antigua Grecia hasta principios del siglo XXI la democracia como forma de gobierno ha pasado del rechazo a la aceptación y se ha ido alterando. El significado etimológico de la palabra “democracia” hunde sus raíces en el término griego demokratia, el cual es resultado de la combinación de otros tres términos: demos, que significa pueblo, kratos, que significa autoridad y, kratein que significa gobernar. Tomando la raíz etimológica del término la democracia puede ser definida como el gobierno del pueblo. Aunque esta definición resulta hoy día demasiado vaga, deja al descubierto un elemento básico que el sistema democrático necesita para existir: la participación ciudadana.

Desde la Antigua Grecia, el ejercicio de los derechos democráticos ha sido exclusivo de los que estaban en posesión de la ciudadanía. La conquista de los derechos políticos por parte de los más desfavorecidos fue un camino tortuoso ligado también a la conquista de los derechos sociales. La revolución apoyada por el movimiento obrero terminó en la Europa occidental con el pacto del Estado de Bienestar. El movimiento feminista no ha logrado la abolición del patriarcado, pero las mujeres consiguieron el derecho de voto y una representación cada vez mayor en los parlamentos. En resumidas cuentas, tras la revolución industrial, poco a poco la ciudadanía se fue extrapolando a todos los estratos sociales del Estado-Nación. Por tanto, los derechos de ciudadanía proclamados por Marshall (civiles, sociales y políticos) quedaron ligados a la nación y aún hoy están condicionados por esta. La ciudadanía quedó dentro de la intersección conformada por la comunidad cultural -la nación- y la comunidad política -el estado- (Castles y Davidson, 2000), de manera que el ciudadano, el “ser político” solamente “es” si es nacional, es decir, si no es extranjero.

CaperucitaLos límites prácticos que una vasta ciudadanía imponía al desarrollo democrático fueron eliminados gracias al principio de representación. Pudo entonces ser acogida como una forma de gobierno responsable y factible, potencialmente estable a lo largo de grandes territorios y espacios de tiempo. Con la conquista de la ciudadanía para todos los hombres y mujeres mayores de edad la democracia liberal adquirió su forma distintivamente contemporánea: una constelación de reglas e instituciones que permite una amplia participación de la mayoría de los ciudadanos en la selección de los representantes encargados de tomar las decisiones públicas, esto es, las decisiones que afectan a toda la comunidad (David Held, 1997: 31-33). Sin embargo, el solapamiento entre la comunidad política y la comunidad cultural se traduce en una ambigüedad que pone en entredicho los principios democráticos. En estados-nación cerrados donde la comunidad cultural coincide con la comunidad política, la ciudadanía no es contradictoria, pero en estados plurales abiertos o semiabiertos en los que conviven individuos de diferentes nacionalidades con nacionales o incluso nacionales que reivindican una especificidad identitaria, sí lo es (Castles y Davidson, 2000). El rápido incremento de la movilidad de personas entre fronteras nacionales coloca esta contradicción en una posición más evidente.

El hecho de que el sufragio universal esté condicionado por la posesión de la nacionalidad da lugar a que en los regimenes democráticos representativos un contingente de personas cada vez mayor quede excluido de la representación democrática. Cuando es el principio de representación el que rige el sistema democrático el voto es un elemento esencial ya que mediante este los individuos eligen a los que serán sus representantes en el gobierno durante un periodo de tiempo. Sin embargo el derecho de sufragio, especialmente el de los extranjeros extracomunitarios, solamente ha sido concedido a los extranjeros en un número reducido de países europeos (Irlanda, Suecia, Dinamarca, Noruega y Holanda[1]), aun siendo el “sufragio universal” regla constitucional en todas las democracias occidentales. En España el derecho de sufragio está muy condicionado –casi determinado- por la posesión de la nacionalidad. Las opciones de participación política con las que cuentan los extranjeros no son las mismas que las opciones de los nacionales. El derecho político que marca la excepción es el del voto, el cual queda limitado bien por la nacionalidad bien por los acuerdos de reciprocidad entre el estado español y otros estados[2].

CaperucitaEl estado Español, en el título preliminar de la Constitución queda conformado en un Estado Social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Una democracia representativa liberal como la española es el sistema político entre cuyas características se cuenta su disposición para satisfacer entera o casi enteramente a todos sus ciudadanos, y el gobierno democrático se caracteriza fundamentalmente por su continua aptitud para responder a las preferencias de sus ciudadanos sin establecer diferencias políticas entre ellos (Dahl, 1997: 13). Sin embargo, tanto la Constitución Española como la Ley de Extranjería vigente en España acotan los derechos políticos de los extranjeros. EL derecho de sufragio solamente lo detentan los que tienen la nacionalidad española en todos los comicios electorales, los residentes de algún país miembro de la Unión Europea en las elecciones municipales y las elecciones al parlamento europeo y los residentes de aquellos países con los que España tiene acuerdos de reciprocidad en las elecciones municipales. El resto de extranjeros que residen en el estado español no poseen el derecho de sufragio, es decir, están excluidos de la relación representante-representado -núcleos centrales sobre el que se levantan las reglas del juego de la democracia representativa-.

En las democracias liberales representativas, los representantes políticos si quieren ser reelegidos deben actuar responsablemente para con sus representados, pues ante ellos tienen que rendir cuentas y de la rendición de cuentas depende en gran medida que sean reelegidos o desterrados al grupo de la oposición. Por otra parte, la oposición que aspira a conseguir votos suficientes para ocupar el gobierno representativo, intenta con sus promesas electorales atraer el mayor número de votantes posibles. Los inmigrantes económicos y/o políticos, al no a formar parte del juego democrático, no tienen la posibilidad de expresar sus preferencias y demandas a través del voto, ni de castigar a los representantes electos si no actúan con responsabilidad democrática eligiendo a miembros de la oposición, ni de reelegirlos si estiman que el mandato fue bien. De manera que si los que compiten por la representación lo que pretenden es maximizar los votos, ni los que ocupan el gobierno ni la oposición tienen incentivos para pensar en los que no pueden votar a la hora de lanzar sus promesas electorales.

La igualdad de derechos y el respeto a la diferencia son hoy en día cuestiones fundamentales para la democracia (Portes 1990, Fennema y Tillie 1999, Castles y Davidson 2000, De Lucas 2002, etc.). Desde un punto de vista teórico la situación pintada por las leyes de extranjería puede ir de la aceptación de la ciudadanía hasta la exclusión completa de todos los derechos (Bolzman, 2001). Frecuentemente, las políticas de inmigración diseñadas en los países democráticos occidentales reconocen a los extranjeros residentes sus derechos civiles y sociales, pero no los plenos derechos políticos. El hecho de no contar con derecho de sufragio se traduce en que uno no tiene la oportunidad de expresar sus demandas a través del voto y, por tanto, queda desplazado a la parte marginal de las políticas públicas (Checa y Arjona, 1999). Es decir, los extranjeros que no forman parte del electorado quedan sujetos a la responsabilidad democrática para con los ciudadanos, a las promesas para los ciudadanos y a lo que los ciudadanos elijan.

Caperucita

El hecho de que el inmigrante económico y/o político no tenga los mismos derechos que el nacional, además de condenar a los mismos a la parte marginal de las políticas públicas, tiene tres repercusiones en el terreno de la política que limitan el sentido democrático de la democracia liberal: 1) la criminalización del fenómeno migratorio, 2) el avance de la extrema derecha y 3) la “paradoja liberar”. Estos tres fenómenos son una amenaza para los principios de igualdad y libertad sobre los que se asienta el pacto democrático del Estado del Bienestar. Los regímenes democráticos occidentales corren el riesgo de involucionar hacia tres falacias democráticas o falsas democracias: 1) la libertad hipervigilada, 2) el totalitarismo elegido y 3) la ciudadanía de privilegios sobre la base de una sociedad dual, es decir, en la que la inclusión y la exclusión coexisten cotidianamente.

El primer peligro, la criminalización del fenómeno migratorio, es un hecho consumado que se ha acentuado tras los sucesos del 11-S. En el terreno de la política internacional las migraciones son ligadas con las cuestiones de seguridad nacional y con el terrorismo. Así por ejemplo la Unión Europea ubica los temas de inmigración y asilo en el tercer pilar (Cooperación en Justicia y Asuntos de Interior) conjuntamente con el tráfico de drogas, el fraude internacional y el terrorismo (Sandra Gil Araujo, 2003: 35). El tratamiento internacional de las migraciones se extrapola al terreno nacional dónde priman políticas de “mano dura” hacia los inmigrantes que se han convertido en un instrumento de lucha política en su dimensión electoralista y son los partidos políticos de extrema derecha los que más rentabilidad electoral están obteniendo. Este hecho amenaza con derivar en la primera falacia democrática: la libertad hipervigilada. Las sociedades occidentales cada vez se asemejan más a pequeños feudos confortables completamente blindados con acceso denegado a los excluidos. El incremento de la vigilancia policial, las alerta de las fuerzas de seguridad, las cámaras cada vez más comunes por las calles de la ciudad, los individuos aislados en sus “cuevas aterciopeladas”, en sus urbanizaciones cerradas y vigiladas,  son algunos de los indicadores plausibles.

El segundo fenómeno –el avance de la extrema derecha- está estrechamente ligado al primero. Los “enemigos de la democracia” están sacando partido de la construcción social de la inmigración que impera en la opinión pública la cual está ligada a la delincuencia, el desempleo y el inintegrable cultural (Álvarez Dorronsoro, 2002). En Francia, Le Pen llegó hasta la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2002, donde ganó el 18% de los votos. El Pin Fortayn Party recibió el 18% de los votos en las elecciones holandesas de mayo de 2002, y se convirtió en el segundo partido con más representación en el parlamento. En Austria, Haider’s Freedom Party ganó el 26,9% de los votos en las elecciones nacionales de octubre de 1999, y se unió a la coalición en el poder. Y, el Swiss People’s Party (UDC), encabezado por Chistopher Blocker, ganó el 22,5% de los votos en las elecciones nacionales suizas de octubre de 1999 (Meyers, 2004: 2). Con un discurso que no es abiertamente racista porque no sería políticamente correcto apelar al racismo en la carrera electoral, los partidos políticos de extrema derecha van ganado votos apelando al fundamentalismo cultural, es decir, apoyándose en la idea de que los extranjeros no son inferiores pero si son ajenos a la polis y por tanto es imposible integrarlos en ella (Stolcke, 1994). Este fenómeno conduce hacia la segunda falacia democrática: el totalitarismo elegido. La historia reciente de Europa ya mostró como la extrema derecha podía ser elegida en las urnas sobre la base de argumentos racistas y las consecuencias se saldaron en la Segunda Guerra Mundial.

Por último la paradoja liberal no se refiere sino a la inconsistencia entre las “políticas de mano dura” y el estado de derecho democrático firmante de los derechos humanos. Los gobiernos de los países democráticos occidentales pueden hablar de “inmigración cero” pero no pueden suprimir los flujos migratorios ni negar los derechos que sus constituciones reconocen a todas las personas (nacionales o extranjeros) porque están impedidos por sus propias leyes para hacerlo (Portes, 2004). No obstante el número de derechos que se reconocen al inmigrante es mucho menor que el de los derechos que tiene los nacionales ¿Cómo puede el Estado democrático de derecho integrar en su seno a individuos no incluidos? Las políticas de inmigración con frecuencia entrar en colisión con las exigencias del Estado de Derecho y con el modelo de una democracia plural e inclusiva porque se encuentran en el límite entre lo legítimo y lo ilegítimo, es decir, no terminan de ser aceptables sobre la base del respeto a los principios y las reglas del Estado de Derecho y de la democracia (De Lucas, 2002: 30). A pesar de la incoherencia sí las “políticas de mano dura” se mantienen es porque sirven de tapadera al desmantelamiento del Estado del Bienestar, es decir, conforman a los ciudadanos -sobre todo a los que viven día a día con el riesgo de la exclusión sobre la espalda- con la posesión de un signo de distinción: la nacionalidad. En palabras de Javier de Lucas:

¿Por qué, pese a sus riesgos, persiste ese modelo de “política” de inmigración? Sus beneficios son fáciles de explicar: mientras haya una amenaza (la presencia de los inmigrantes como riesgo en el mercado de trabajo, en la seguridad de nuestras vidas y propiedades, en la continuidad de nuestro modo de vida y nuestra cultura: ¿suena la cantinela?), hay una buena coartada para transmitir a los ciudadanos (nacionales), sobre todo a los más castigados por el paro, por las medidas de ajuste, por las privatizaciones de los servicios sociales, por los fenómenos de exclusión, que el Estado les reconoce y protege, que tener un pasaporte marca la diferencia, que nosotros ciudadanos españoles –europeos!-, somos el Primer Mundo: los verdaderos excluidos son esos otros, y lo son razonablemente, porque constituyen una amenaza. (Javier de Lucas, 2002: 36-37)

Y con el último fenómeno se llega la falacia democrática más dramática por encontrarse en un estadio más latente que manifiesto. Sobre la base de una ciudadanía más excluyente que incluyente, el avance que ha experimentado la democracia como sistema político corre el riesgo de emprender un retroceso. Un ciudadanía de la que no pueden gozar todos los habitantes de la polis bien porque de plano se les niega bien porque no cuentan con los recursos para ejercerla, no conduce sino a una democracia de privilegios en la que solamente los afortunados pueden participar -o decidir libremente si quieren o no participar-.

En resumen, el tema de las migraciones es tratado en la arena política de manera bastante poco racional, tan irracional que pone en entredicho los principios democráticos. No existen recetas magistrales ni soluciones a corto plazo, pero juristas, académicos y otros expertos comprometidos coinciden en señalar que lo más inteligente es cambiar de rumbo: que en las sociedades plurales abiertas el pluralismo democrático se traduzca en una democracia inclusiva dónde la diversidad, que es más que evidente, por fin sea reconocida. La integración no es posible cuando los puntos de partida son distintos, sin derechos no se integra.

La paz y la democracia están ahora ligadas a las estrategias políticas que reconozcan la cultura y los derechos de las minorías y les den voz legítima en la política (Castles y Davidson, 2000: 154)

 

 

Bibliografía:

 

  • Alonso, Luís Enrique (2005): “El trabajo desencantado: de la cuestión social a las cuestiones de sociedad”, envío electrónico, Madrid.
  • Aragón, Raimundo (2002): “La integración social de los inmigrantes a través de los aspectos legales” págs. 81-108, en Checa, F., Arjona, A., y Soriano, E. (eds.): Las migraciones a debate: de las teorías a las prácticas sociales. Icaria. Barcelona.
  • Arango, Joaquín (2004): “La ampliación de la Unión Europea y las Migraciones Internacionales” en Migración y Desarrollo, nº 1, pág. 1-11.
  • Asamblea General de Naciones Unidas: Declaración Universal de los derechos humanos, resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948.
  • Blanco, Cristina (2000): Las migraciones contemporáneas, Alianza Editorial, Madrid.
  • Bolzman, Claudio (2001): “ Quels droits citoyens? Une typologie des modèles d’intégration des migrants aux sociétés de résidence” (159-183) en Perrégaux, C., Ogay, T., Leanz, Y., et Dasen, P.: Intégrations et migrations. Regards pludisciplinaires,
  • Bourdieu, Pierre (2000): La distinción. Criterio y bases sociales del gusto. Taurus, Madrid.
  • Castells, Manuel (2000): La era de la Información. La sociedad red. Vol. I. Alianza editorial, Madrid.
  • Castles, Stephen and Davidson, Alastair (2000): Citizenship and Migrations. Globalizations and the politics of beloging. Routledge, New York.
  • Castles, Stephen y Mark J. Miller (2003): The age of migration. International population movements in the modern world, Palgrave Macmillan, Nueva York.
  • Castles, Stephen: “Globalización y migración: Algunas contradicciones urgentes” en http://www.unesco.org/issj/rics156/castlesigcspa.html
  • Checa Francisco, Checa Juan Carlos y Arjona Ángeles (1999): “El tratamiento de los inmigrantes en los programas electorales”; en VVAA, Antropología e Historia contemporánea de los inmigrantes en España. ECU, Alicante.
  • Cohen, Robin (ed.) (1996): The Sociology of migration. Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham (Reino Unido).
  • Cohen, Robin (1997): Global Diasporas. An Introduction. University of Washington Press, Seattle.
  • Constitución Española de 1978, Civitas Ediciones, Madrid, 2006.
  • Dahl, A. Robert (1997): La poliarquía: participación y oposición. Tecnos, Madrid.
  • De Lucas, Javier (2001): “Hacia una ciudadanía europea inclusiva. Su extensión a los inmigrantes” en Revista Cidob d’afers internacionals, 53, mayo-junio.
  • De Lucas, Javier (2002): “Cultura, inmigración y Estado”, en Clavijo, C y Aguirre, M (Eds), Políticas sociales y Estados del Bienestar en España: Las migraciones.  Informe 2002, Fundación Hogar del Empleado, Madrid.
  • De Lucas, Javier (2002): “Algunas propuestas para comenzar a hablar en serio de política de inmigración”, págs 23-48, en Álvarez, I. y De Lucas, J. (eds.): Inmigrantes: ¿Cómo los tenemos? Algunos desafíos y (malas) respuestas. Talasa, Madrid.
  • De Lucas, Javier (2005): “La inmigración en España: Una obsesión desbordada”, en Le Monde Diplomatic, Noviembre.
  • Fennema, Meidert & Jean Tillie (1999): “Political participation and political trust in Amsterdam: civic communities and ethnic networks”, en Journal of Ethnic and Migrations Studies, vol. 25, nº. 4: 703-726, Octubre.
  • Gil Araújo, Sandra (2003): “Las migraciones en las políticas de la fortaleza. Sobre las múltiples fronteras de la Europa comunitaria”, págs. 31-58, en Dahiri, M. y Gil Araújo, S. (eds.): Movimientos migratorios en el Mediterráneo Occidental: ¿un fenómeno o un problema?: Ponencias y Conclusiones presentadas en las jornadas internacionales organizadas con motivo del día internacional contra el racismo y la xenofobia en Córdoba del 21 al 23 de marzo de 2002, Ayuntamiento de Córdoba, Córdoba.
  • Gil Araujo, Sandra (2004): “Gobernando a distancia: el papel de las ONG en la gestión de la integración de inmigrantes” en IV Congreso sobre la inmigración en España. Ciudadanía y Participación, Girona, 10-13 noviembre 2004.
  • Gil Araujo, Sandra (2002): “Políticas públicas como tecnología de gobierno. Las políticas de inmigrantes y las figuras de la inmigración”, en Clavijo, C y Aguirre, M (Eds), Políticas sociales y Estados del Bienestar en España: Las migraciones. Informe 2002, Fundación Hogar del Empleado, Madrid.
  • Giménez, Carlos (2000): “Guía sobre interculturalidad. Primera Parte. Fundamentos Conceptuales” en Colección Cuaderno de Q’avil nº 2, PNUD Proyecto GUA/97/015.
  • Giménez, Carlos (2000): “La concepción de las políticas públicas” pág. 70-85, en Guía sobre interculturalidad, II Parte. El enfoque intercultural en las políticas públicas para el desarrollo humano sostenible. en Colección Cuaderno de Q’avil nº 2, PNUD, Guatemala.
  • Held, David (1996), Modelos de democracia. Alianza, Madrid.
  • Held, David (1997): La democracia y el orden global. Del Estado moderno al gobierno Cosmopolita, Paidós, Barcelona.
  • Huntington, Samuel P (1997): El choque de civilizaciones y la reconfiguración del orden mundial. Paidós, Barcelona.
  • Informe de la Conmisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) (2006): “Las dificultades para el acceso al asilo” cap. II págs. 44-62; “Las concesiones del estatuto del refugiado”, Cap. II págs. 42-62; “Las concesiones del estatuto del refugiado”, Cap. IV págs. 146-157; “El insuficiente incremento de la Protección”, Cap. IV, págs. 116-132, en La situación de los refugiados en España. Informa 2006. La Catarata, Madrid.
  • Kymlicka, Hill (2000): Ciudadanía Multicultural. Una Teoría de los derechos de las minorías, Paidós, Barcelona.
  • Manin, Bernard (1998): Los principios del gobierno representativo. Alianza editorial, Madrid.
  • Meyers, Eytan (2004): International Immigration Policy: A theoretical and comparative analysis. Palgrave MacMillan, New York, 2004.
  • Mezzadra, Sandro (2005): Derecho de fuga. Migraciones, ciudadanía y globalización. Traficantes de sueños, Madrid.
  • Mill, John Stuart (2000): Del Gobierno Representativo. Tecnos, Madrid.
  • Moreras, Jordi (2002): “Islam y ámbito político local. Una lectura desde la antropología política” en G.J. García Castaño-c. Muriel (eds.): La inmigración en España. Contextos y alternativas. Actas del II Congreso de Inmigración en España. Universidad de Granada.
  • Mouff, Chantal (1999): El retorno de lo político: Comunidad, ciudadanía, pluralismo, democracia radical. Paidós, Barcelona.
  • Odmalm, Portus (2004): “Civil Society, Migrant Organisation and Political Parties: Theoretical Linkages and applications to the Swedish context”, in Journal of Ethnic and Migration Studies, Vol. 30, nº 3: 471-489, May 2004.
  • Park, Robert E. (1928): “Human migrations and the marginal man” in American Journal of sociology, nº 33: 881-893, Mayo 1928.
  • Pateman, Carol (1970): Participation and Democratic Theory, Cambridge University Press, Cambridge.
  • Pitkin, Hanna (1985): El concepto de representación. Centro de Estudios Constitucionales, Madrid.
  • Portes, Alejandro (2004): “Un diálogo trasatlántico: El progreso de la investigación y la teoría en el estudio de la migración internacional”, IV Congreso sobre la Inmigración en España, Girona, 10-13 noviembre 2004.
  • Portes, Alejandro, Luis Guarnizo y Patricia Landolt (2003): La globalización desde abajo: Transnacionalismo inmigrantes y desarrollo. La experiencia de EEUU y América Latina. Miguel Ángel Porrua Grupo Editorial, México DF.
  • Presno Linera, Miguel Ángel (2004): “El reconocimiento de los derechos de participación política como forma de integración de los extranjeros”, IV Congreso sobre la inmigración en España, Girona, 10-13 noviembre 2004.
  • Rousseau, Jean-Jacques: El contrato social. Edicomunicación, Barcelona, 1994.
  • San Román, T. (1995): “Primera parte: Discurso sobre la alterofobia” en Los muros de la separación: Ensayo sobre heterofobia y filantropía. Universidad Autónoma de Barcelona, Barcelona.
  • Sartori, Giovanni (2001): La sociedad Multiétnica. Pluralismo, Multiculturalismo y Extranjeros. Taurus, Madrid.
  • Sassen, Saskia (2001): ¿Perdiendo el control? La soberanía en la era de la globalización. Ediciones Bellaterra, Barcelona.
  • Sassen, Saskia (2003): Contrageografías de la globalización. Género y ciudadanía en los circuitos transfronterizos, Traficantes de sueños, Madrid.
  • Schuerkens Ulrike (2005): Transnacional migrations and social transformations, Sage, Londres.
  • Stolcke, Verena (1994): “Europa, nuevas fronteras y nuevas retóricas de exclusión” en Malgesini, G.: Extranjeros en el paraíso. Virus, Barcelona.
  • Strohmayer, Heidi (2003): “La Participación de los inmigrantes en Europa. Órganos de consulta”, Cepaim y Nexos, Murcia, 2003.
  • Suárez, Liliana (1998): “Los procesos migratorios como procesos globales: el caso del trasnacionalismo senegalés”, en OFRIM, Suplementos, pág 39-63.
  • Suárez, Liliana (2006), “Ciudadanía e inmigración: ¿un oxímoron?”, Puntos de vista, nº 4, (29-47).
  • Suárez, Liliana: “Convivencia y Relaciones Ineterétnicas”. Soporte docente del Master a Distancia de la Universidad Pontificia de Comillas, Madrid.
  • Taylor, Charles (2001): El multiculturalismo y la política del reconocimiento. Fondo de Cultura Económica, México, 2001
  • Toqueville, Alexis de (2004): La democracia en América, Vol. 2. Alianza editorial, Madrid.
  • Veredas Muñoz, Sonia (2004): “Factores condicionantes de la movilización étnica entre la población inmigrante extracomunitaria” en Papers nº 72: 87-111.
  • Veredas Muñoz, Sonia (2003): “Las asociaciones de inmigrantes en España. Práctica clientelar y cooptación política” en Revista Internacional de Sociología, nº 36: 206-225, Septiembre-Diciembre 2003.
  • Zapata-Barrero, Ricard (2004): Multiculturalidad e inmigración. Síntesis (Colección Ciencia Política), Madrid.


[1] Solamente en estos cinco países europeos los extranjeros no comunitarios tienen derecho a voto en las elecciones locales. El pionero es Irlanda, ya que los extranjeros pueden votar en las municipales desde 1970 si son residentes en el país 6 meses o más. En Suecia el extranjero tiene derecho a voto desde 1975 si lleva residiendo en el país más de tres años. En Dinamarca desde 1981 y en Noruega desde 1983, también si el periodo de residencia es de tres años o superior. Y, en Holanda, desde 1983 si lleva residiendo en el país 5 años o más.

[2] La Constitución Española dice en el punto primero de su artículo 23 que los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal, pero en el punto segundo del artículo 13 dice que solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23 salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por tratado o ley para el derecho de sufragio activo o pasivo en las elecciones.