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Fotos de CotosHemos llegado al final de un periodo escaso de certezas tras la crisis social y económica que tuvo como corolario los acontecimientos de diciembre de 2001: la dimisión del gobierno de la Alianza y el establecimiento de un gobierno de transición que debió tomar medidas de excepción económicas ante unos hechos que podían desestabilizar las bases de la Nación. Con las elecciones presidenciales se ha dado paso, a un gobierno que,  además de encontrar un país estabilizado (aunque sea en una posición muy empeorada social y económicamente) está legitimado en las urnas y se muestra propicio para conducir al país a un cambio de modelo.  A su vez, la intervención en el sistema financiero y monetario se ha ido retirando, las operaciones bancarias se han liberalizado y los precios permanecen estables, aunque ciertos precios (servicios de empresas privatizadas) no puedan aumentar a causa de la intervención judicial.

Hemos llegado al final de un periodo escaso de certezas tras la crisis social y económica que tuvo como corolario los acontecimientos de diciembre de 2001: la dimisión del gobierno de la Alianza y el establecimiento de un gobierno de transición que debió tomar medidas de excepción económicas ante unos hechos que podían desestabilizar las bases de la Nación. Con las elecciones presidenciales se ha dado paso, a un gobierno que,  además de encontrar un país estabilizado (aunque sea en una posición muy empeorada social y económicamente) está legitimado en las urnas y se muestra propicio para conducir al país a un cambio de modelo.  A su vez, la intervención en el sistema financiero y monetario se ha ido retirando, las operaciones bancarias se han liberalizado y los precios permanecen estables, aunque ciertos precios (servicios de empresas privatizadas) no puedan aumentar a causa de la intervención judicial.

El revuelo, para bien o para mal, se ha producido con el anuncio de una política antioligárquica, contra los poderes establecidos, con el descabezamiento de la cúpula militar (herencia del menemismo “amnistiador” ) y de la  judicatura (reducto menemista de la impunidad); el mensaje a los acreedores internacionales de que "se pagará siempre y cuando los argentinos tengan para comer" y la advertencia al sindicalismo de la CGT de que se va a acabar el sindicalismo único y con ello los privilegios con que cuenta la central sindical, lo cual daría paso a la existencia de otras confederaciones.

También se ha destacado que se defenderá el Estado de Derecho al resaltar la observancia por parte de  las fuerzas de seguridad de actuar de acuerdo con el principio de proporcionalidad. Aunque no parezca el problema principal,  la defensa del Estado de Derecho debe ser la preocupación de primer orden para el nuevo gobierno, que no se debe confundir con aquellas posturas que lo asimilarían a la defensa del status quo político-social, ya que con ello se trataría de impedir-reprimir la conflictividad social como política dirigida contra sus intereses. Sin embargo no es de eso de lo que se trata, sino de circunscribir la acción del Estado, dentro de las disputas económicas,  políticas y sociales, a las normas de derecho y a los fines por los que fueron establecidas (un ideal de justicia y convivencia). Es aquí donde la excepcionalidad, en la actuación de las instituciones del estado, o de alguno de sus funcionarios, puede poner en entredicho el Estado de Derecho, al no guardar la aplicación de la norma, o las características que debe tener la ejecución de las normas tanto en su universalidad como en su proporcionalidad.

La oferta de modelos quedaría trazada en la divisoria entre el capitalismo financiero, como el "viejo modelo", y el capitalismo productivo que se trataría de establecer; sin implicar un cambio revolucionario, supondría una potenciación de los sectores productivos y el impulso de la inversión interna en la empresa productiva. El establecimiento de una "casi convertibilidad, como en los años 90",  significa que la política monetaria se mantendrá como instrumento de política económica "posible", aunque de uso limitado, lo que permitiría evitar un sistema de convertibilidad tan rígido como el anterior (que se anquilosó aún más por haberse convertido en el hito ideológico del menemismo) y a su vez manteniendo cierta prudencia en su utilización para evitar la temida hiperinflación.

La  veracidad de las intenciones de Kirchner o su capacidad de maniobra y liderazgo parecen ponerse en entredicho ante las declaraciones del vicepresidente Scioli en una recepción en Wall Street, en la que se dedicó a tranquilizar a los representantes del Capital americano, tanto en lo que respecta al pago de la deuda externa, la continuación de las reformas avaladas por el FMI que establecerían la seguridad necesaria para el restablecimiento  o mantenimiento de las inversiones extranjeras.

Su acogida en los círculos empresariales americanos es debida a que, entre sus méritos más importantes,  se encuentran en las personas que lo avalan,  por ejemplo el mismísimo Domingo Cavallo (ex Ministro de Economía) que además forma parte de sus consejeros.

El temor de los capitales internacionales a  la asunción de Kirchner se debe en primer lugar  a su lenguaje populista, en segundo lugar a la acogida que ha recibido de parte de los gobiernos de izquierda latinoamericanos y en tercer lugar, a su planteamiento de negociación ante el ALCA y  la UE que debería pasar a través del Mercosur, incluyendo en la Agenda a tratar capítulos agrarios y agroindustriales.

Los dilemas están en saber quién decide realmente, comprobar si las declaraciones del presidente se materializarán en políticas concretas o  si lo esencial de la política de la nueva presidencia se limitará a continuar con el modelo predecesor, como se deduciría tras las palabras del vicepresidente.

Podría materializarse una política que reúna los dos discursos. Que evite caer  en el estilo de considerar  todo lo pasado como "lo malo" y adopte la postura opuesta y, por otro lado, establezca vías de cambio, potenciando políticas sociales, políticas redistributivas, racionalización impositiva, lucha contra la corrupción y contra la impunidad.